Mario López, condenado a 13 años y 6 meses de cárcel
La justicia, aunque lenta, ha dictado su veredicto: trece años y medio de prisión por un delito continuado de agresión sexual a una de sus jugadoras, una niña de apenas 13 años en el momento de los hechos. La Audiencia de Bizkaia no ha andado con paños calientes: lo que ocurrió en 1998 no fue un desliz, ni un error, sino un abuso sistemático, calculado y cobarde. Cincuenta encuentros, según el tribunal, en los que este individuo, investido de autoridad y confianza, se aprovechó de la fragilidad de una menor, a la que sometió a un infierno de vejaciones.
Porque la sentencia es demoledora. López no solo abusó de su posición de poder, sino que lo hizo con la frialdad de quien sabe que tiene la sartén por el mango. Amedrentó, manipuló y utilizó el miedo como herramienta para perpetuar su dominio sobre la menor. No hay medias tintas en este relato: no fue un episodio aislado ni un acto impulsivo. Fue un plan sistemático, una cacería prolongada en el tiempo, una lección perversa de lo que significa la impunidad cuando el silencio se convierte en norma.
Un sistema que miró para otro lado
Con el peso de más de dos décadas de sufrimiento, la víctima decidió en diciembre de 2023 que era momento de romper el silencio. Fue entonces cuando El País sacó a la luz la investigación en curso contra López, quien, lejos de haber desaparecido del mundo del baloncesto, seguía ocupando puestos de responsabilidad dentro del deporte.¿Cómo es posible que alguien con semejante historial siguiera en los despachos de un club? ¿Cómo es posible que, tras más de un año de baja, regresara con un nuevo cargo como si nada hubiera pasado?
El caso de Mario López es un bofetón en la cara de todo el baloncesto español. Es el ejemplo de lo que ocurre cuando el corporativismo y la omertá pesan más que la integridad de una víctima. Porque no nos engañemos: López no actuó solo. Para que un abusador prospere, necesita un entorno que, por acción o por omisión, le facilite las cosas. Y en este caso, ese entorno existió.
Ahora la Justicia ha hablado, la Federación Española de Baloncesto, en su momento, se apresuró a condenar los hechos “sin paliativos”. Palabras gruesas para lavar conciencias. ¿Dónde estaban esos mismos dirigentes cuando López paseaba por los pabellones con la credencial de seleccionador? ¿Dónde estaban cuando las sospechas crecían y nadie quiso verlas?
La víctima dejó el baloncesto en 2003. Él no. Él siguió, intocable, protegido por un sistema que se resiste a sacudirse el polvo de las viejas costumbres. Hasta que un día, una mujer decidió que ya había callado demasiado. Que su historia debía ser contada. Que lo que pasó en aquellos años oscuros merecía justicia. Y la justicia ha llegado, tarde, sí, pero al fin y al cabo ha llegado.
Comparativa con el caso Rubiales: distintos escenarios, mismo abuso de poder
El escándalo de Mario López no es un hecho aislado en el deporte español. Basta con mirar el caso de Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, para encontrar similitudes preocupantes. Aunque los contextos son distintos, el denominador común es el abuso de poder. Mientras Rubiales protagonizaba un beso no consentido en la final del Mundial femenino, con millones de ojos puestos en él, López llevó su abuso al ámbito privado, lejos de los focos, amparado por el silencio y la complicidad de su entorno.
En ambos casos, la reacción inicial de las instituciones fue tibia. La RFEF respaldó a Rubiales en un primer momento, mientras que López pudo seguir ejerciendo cargos en el baloncesto durante años. Ambos casos también comparten un elemento clave: las víctimas tardaron en ser escuchadas. Jenni Hermoso tuvo que soportar una campaña de desprestigio antes de que se tomaran medidas contra Rubiales. La víctima de López, en cambio, tuvo que esperar 25 años para que se hiciera justicia.
La diferencia más notoria está en la gravedad del delito. Lo de Rubiales fue un gesto reprochable y condenable, pero sin las consecuencias traumáticas de un abuso continuado como el de López. El denominador común en ambos casos es el aprovechamiento de una posición de autoridad en un entorno donde la falta de denuncia y el amparo institucional facilitan la continuidad de estas conductas.
Foto: David de Haro (Europa Press).
